Por Claudio Alvarado, Enrique Antileo y Fernando Pairican
Integrantes de la Comunidad de Historia Mapuche
Fuente: Le Monde Diplomatique
Diciembre 2018
Fue en junio que se anunció la creación del Comando Jungla. Una policía contrainsurgente, con características militares, entrenados en Colombia.[1] En la imagen, con tanquetas detrás, el presidente Sebastián Piñera y el ministro Andrés Chadwick, informaron de los objetivos que tendría este grupo: mantener la paz, adelantarse a los hechos de violencia y desarticular a los núcleos de resistencia mapuche, catalogados como “terroristas”. Desde ese día, los controles policiales/militares en la Macrozona se acrecentaron, intensificando la violencia estatal. El ataque a balazos contra comuneros en Lautaro allanó el camino de lo que sucedió con la muerte de Camilo Catrillanca: un disparo percutado por un agente policial, que asesina a Camilo sobre su tractor, su herramienta de trabajo, con un niño a su lado, viviendo aquella dolorosa escena.
Lo sucedido no es nuevo. Es el resultado de una política que se forjó en el año 2001 bajo la administración de Ricardo Lagos: Verdad Histórica y Nuevo Trato. En esos años, se inauguraba una supuesta nueva relación con las comunidades y los pueblos indígenas. En la práctica, se forjó una política social orientada a revertir los niveles de pobreza extrema de las zonas indígenas: se pavimentaron caminos y mejoraron escuelas y hospitales, particularmente en el territorio donde las organizaciones mapuche autonomistas tuviesen mayor presencia. Paralelamente, se incrementó la presencia policial en Wallmapu y fue lo que por aquel entonces denunciaron organizaciones políticas como la Identidad Territorial Lafkenche y la Coordinadora Arauco-Malleco: la militarización del Wallmapu.
Multiculturalismo: ¿dos caras?
El multiculturalismo o multiculturalismo liberal, para ser más específicos, es la construcción teórico-política de los gobiernos neoliberales para abordar la diversidad cultural y las demandas por derechos colectivos en contexto de economías capitalistas. Es la capacidad del neoliberalismo de adaptarse a los sujetos indígenas y a sus discursos y reivindicaciones, basada en políticas públicas que articulan un equilibrio entre las concesiones que se les dan a los grupos que demandan derechos colectivos y las prohibiciones que se les establecen. Su objetivo principal es descomponer las demandas políticas y transformarlas en un asunto de mercado, supervisado y controlado. Como ha dicho la investigadora Patricia Richards, no es más que otro tipo de racismo[2].
Este tipo de política que une lo ‘social’ y lo ‘represivo’ se nutre de la constatación de una dramática realidad: la pobreza del mundo indígena. Los pueblos indígenas de Abya Yala son los más pobres entre los pobres y ante esta situación, una parte considerable de su población no ha tenido más recurso de sobrevivencia que recurrir a comercializar su propia etnicidad, ya sea en los rubros del turismo o recurriendo a otras formas económicas siempre precarias (farmacias, artesanías, turismo étnico). La apuesta multiculturalista, terminó en ese aspecto, transformándose en una forma de gobernabilidad neoliberal en temáticas indígenas, administrando las reivindicaciones de los pueblos, dominando sus agendas políticas y creando un fenómeno contemporáneo: la articulación entre etnicidad y libre mercado[3]. Se inaugura con esto una política de “reconocimiento sin derechos”, de aceptación de una alteridad controlada, que ya lleva en Chile varios años funcionando. Ahora bien, este dispositivo de operación de lo indígena no ha sido posible sin la aplicación de la violencia institucional activada en formato de represión sistémica al activismo indígena más ideológico que aspira a la conquista de los derechos fundamentales. Ha sido esta última dimensión la que ha creado, desde nuestra perspectiva, un terrorismo de Estado en el territorio mapuche.
El terrorismo de Estado ha sido una estrategia diseñada por el Ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, José Miguel Inzulza (PS), y el general Alberto Cienfuegos. Pero su arquitecto fue otro: José Alejandro Bernales, para ese tiempo encargado de DIPOLCAR. El futuro edecán de la Ministra Michelle Bachelet, y luego Director General de Carabineros bajo su primer gobierno, instauró la Macrozona, unidad territorial que puso bajo un solo mando la Octava y la Novena Región, consolidándose una nueva estructura de poder. José Alejandro Bernales pasó de DIPOLCAR a Jefe de la IX Zona para maniobrar su propio diseño represivo. Junto a él asumieron algunos de sus hombres de confianza, varios de ellos, acusados o dados de baja por la Operación Huracán en enero de este año. Al mando de Bernales, se encontraba también Bruno Villalobos. El mismo equipo, la misma estrategia, ha cruzado a los distintos gobiernos[4].
El Nuevo Trato, resultado de la Comisión de Verdad Histórica, se caracterizó por unir en una mismo plan, aunque suene repetitivo, la aplicación del “garrote” y la “zanahoria”. Su fin lo dejó mucho más claro Patricia Troncoso en la extensa huelga de hambre del año 2007: nos quieren dividir entre mapuches buenos y malos. Desde la teoría crítica al multiculturalismo, Rosamel Millaman y Charles Hale llamaron a este fenómeno la creación estatal del “indio permitido” y el “indio insurrecto”[5].
Algunos de los formatos en que operó el multiculturalismo neoliberal en Chile fue el Programa Orígenes inaugurado con Ricardo Lagos con apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo y el Pacto Social por la Multiculturalidad de Michelle Bachelet[6]. Estas nuevas políticas inyectaban recursos en las comunidades indígenas más empobrecidas y habilitaba estratégicamente al Estado para dialogar con nuevos interlocutores “pacificados”, aislando a los sectores movilizados. Pronto advino el auge del desarrollo agrícola, el turismo rural y el microemprendimiento indígena.
En fin, bajo este proceso de fundación y despliegue del multiculturalismo, las organizaciones mapuche autonomistas acrecentaron sus movilizaciones por la tierra y territorio. Asimismo, la utilización de la violencia política continuó siendo el instrumento de autodefensa ante la represión policial y el método para reconquistar el territorio en manos de las empresas forestales[7]. También se incrementaron las recuperaciones de tierra sobre los predios de agricultores y colonos. Fueron estos últimos los que desempolvaron las escopetas que sus padres ocuparon para evitar la Reforma Agraria y sus abuelos para defenderse de la ‘indiada’ que asolaba en los campos luego de la Ocupación de La Araucanía. Los síntomas de la agudización de la violencia policial se hicieron evidentes. El asesinato de Matías Catrileo respondió a ese proceso y se inscribió como la otra cara del modelo multicultural, el menos amable, tal vez el más doloroso para los afectados: el represivo.
Como una manera de revertir la ausencia de una institucionalidad, el gobierno de Michelle Bachelet ratificó el 2009 el Convenio 169 de la OIT, paralizado desde 1990 en el parlamento. Se prometió nuevamente un reconocimiento constitucional y seguir adelante con las políticas asistenciales. De los derechos políticos nunca se habló, ni con Lagos, ni Bachelet ni con Piñera. El reconocimiento constitucional ―a estas alturas totalmente desfasado y anacrónico respecto al estándar de derechos indígenas a nivel internacional, sobre todo con la Declaración Universal de 2007― aún descansa como una promesa incumplida.
El Gobierno de Sebastián Piñera continuó y profundizó el multiculturalismo. Comenzaron a mirar la experiencia de Nueva Zelanda, Estados Unidos y en menor medida la canadiense. El pueblo Rapa Nui se convirtió en el ensayo de la política multicultural, luego que el ministro Rodrigo Hinzpeter enviara a las fuerzas policiales a la isla, creando un conflicto ante el temor de una radicalización de las aspiraciones autodeterministas. Lograron acordar incipientes espacios de control por parte del Consejo de Autoridades Tradicionales de Rapa Nui. Hoy, la isla controla el uso de la tierra, hoteles y el control migratorio. Una autonomía no declarada oficialmente.
¿Por qué no ha sucedido algo parecido en Wallmapu? El territorio mapuche concentra la segunda y tercera riqueza de las exportaciones de Chile. Las producciones forestales, agrícolas y pesqueras están concentradas en el territorio histórico mapuche. Además, los intereses políticos y económicos de los poderosos se entrelazan en Wallmapu. A modo de ejemplo solamente: la familia Tarud, migrantes y propietarios de importantes hectáreas del territorio mapuche, concentran un poder político que lleva cincuenta años influyendo en la región. Lo mismo sucede con el clan Becker, fundadores de Temuco y también con las autoridades políticas de la zona como la familia García Ruminot. En La Araucanía, importantes personeros de la derecha y la Nueva Mayoría acumulan capitales y poder y casas de veraneo. Ahora bien, para comprender este escenario de violencia y poder político-económico actual y acumulado, debemos abordar dos ideas claves: por un lado, el Wallmapu ha sido y es hoy una realidad colonial; por otro, la inferiorización y subalternización de las vidas mapuche se fundan en una estructura racial que se sedimenta en el odio y desprecio por el otro[8].
La continuidad colonial: el otro deshumanizado
En Wallmapu la situación es de colonialismo. La paz que plantean los agricultores es de dominación, la paz que plantean los gobiernos es de incorporación sin derechos, reconocimientos tibios e insípidos, recetas de otros gobiernos neoliberales. Por lo mismo, es viable hablar que el multiculturalismo ha sido y es una estrategia de contrainsurgencia colonial, diseñada y administraba desde el socialismo renovado de la Concertación y continuada por la derecha chilena. Algo nos dice que el actor institucional de gobierno más importante para temas indígenas, en los últimos veinte años, sea el Ministerio del Interior. Es esta misma estrategia contrainsurgente la que define los pilares de la política indígena de Sebastián Piñera en sus dos periodos. El resultado de esa política, o tal vez, la madurez de ese diseño ha concluido con la creación del Comando Jungla y el Plan Impulsa. Dos rostros que parecen distintos, el social y el represivo, pero que conforman una articulación inseparable
¿Está dividido el gobierno? No, el modelo sigue siendo el mismo. La improvisación ante la ejecución de Camilo Catrillanca les ha sacado el velo. Ha salido a la luz su herencia de colonos, de latifundistas, de menosprecio por el indio, pero la estrategia no ha cambiado, porque la gobernanza multiculturalista es la que les asegura la continuidad del modelo colonial. Renuncias más o menos, la forma de administrar continúa la misma senda. Para ellos la subalternidad del pueblo mapuche es la base de su política.
La ejecución sumaria de Camilo Catrillanca es un punto en un océano de odio. El desdén y la indolencia con que abordaron su muerte, nos enrostró nuevamente que ni este gobierno ni sus antecesores, y probablemente tampoco los que vienen, abandonarán jamás el privilegio de ser colonizadores. Por todos los medios de comunicación, por sus voces, apareció el desprecio que tienen y yace sobre las vidas mapuche, desprecio encarnado en el nombre y el cuerpo del joven Camilo. Así funcionan los modelos coloniales, cultivan la deshumanización del colonizado, creen en la única humanidad del colonizador. El mapuche no es persona, no vale ni siquiera un pésame. A eso le hemos llamado “violencias coloniales”[9].
Ninguna reacción que hemos visto en los últimos días es natural o espontánea. Emergen de la normalización del desprecio. He ahí la clave del racismo. El racismo es el instrumento ideológico de quien coloniza para perpetuar su poder, su capital forjado no en base al esfuerzo sino al despojo y la desposesión del otro, su posición en la estructura. El racismo es el aceite que engrasa el colonialismo chileno, por lo tanto, su presencia es constante y necesaria. Hoy adquiere diversos matices y se escabulle en los discursos de la diversidad cultural y el respeto por la diferencia étnica. Pero se expresa como un brutal recordatorio de su lugar inalterado en la decisión de enviar al Comando Jungla a perseguir un “robo común” en una comunidad mapuche, en el ocultamiento de las grabaciones, en los mensajes de funcionarios policiales en redes sociales festinando con la muerte de Camilo.
Ahí está el racismo que divide las vidas, las vidas que valen y las que deben ser aniquiladas. Pero también se agita y despliega en todos los dispositivos multiculturalistas que no revierten ―ni tienen la intención― la estructura colonial. El colonialismo que afecta al pueblo mapuche, que hoy adquiere forma de colonialismo de asentamiento, goza de muy buena salud, ha conseguido reducir a un pueblo y diseñar las formas de gobierno en que pueden ser “incluidos”, sin desarmar su modelo extractivista, sin tocar el capital que acumuló el Estado y los particulares que se beneficiaron ―y siguen haciéndolo― de la colonización, sin otorgar derechos políticos vinculados a la autodeterminación de los pueblos.
Ninguna política de los últimos veinte años ha sido distinta. Ni los que se llaman progresistas ni la derecha en sus confusos despliegues han pretendido dejar su lugar colonial. Hoy la retórica del gobierno defiende el Plan Impulsa. Nuevamente resuena el reconocimiento constitucional y se habla de cuotas parlamentarias como avances. Ambas cuestiones ya bastante añejas en el escenario internacional de derechos indígenas. Aucan Huilcaman lo planteó de manera directa: “en cuanto a la participación política Mapuche mediante la ley de cuotas… es un proceso de domesticación, es un retroceso inaceptable y es contrario al derecho a la libre determinación Mapuche”.
El movimiento mapuche se ha volcado a la denuncia (no podría ser de otro modo), y en ese andar que ebulle desde el dolor ha buscado caminos de encuentro y unidad. Durante el eluwün del peñi Catrillanca, quienes usaron la voz plantearon ese objetivo: unión para conquistar los derechos fundamentales en el escenario adverso que nos presenta Chile. Sin medias tintas, tal contexto es la de un país colonizador y racista.
Notas
[1] Esta política esta inspirada en la “Seguridad Democrática” instaurada por Álvaro Uribe Vélez el año 2002, la cual trajo como consecuencia en 8 años de implementación 10.000 crímenes de Estado en Colombia. Uribe visitó el año 2014 La Araucanía, donde se reunió con importantes empresarios y políticos locales en el Hotel Park Lake de Villarrica.
[2] Patricia Richards, Racismo. El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo los gobiernos de la Concertación 1990-2010. Pehuen Editores, 2015.
[3] Véase Comaroff, John y Jean Comaroff. Etnicidad S.A. Katz Editores, Buenos Aires, 2012; Enrique Antileo, “Políticas indígenas, multiculturalismo y el enfoque indígena estatal urbano”. Revista de Historia Social y de las mentalidades, USACH, 2013.
[4] Rodríguez Ana y Vergara Pablo, La Frontera. Crónica de la Araucanía Rebelde. Ediciones Catalonia, 2015.
[5] Hale, Charles y Rosamel Millalan. “Cultural Agency and Political Struggle in the Era of the Indio Permitido”. En Doris Sommer, Cultural Agency in the Americas, Doris Sommer. Durham, NC: Duke University Press. pp. 281-301 ,2005.
[6] Véase Yañez Nancy y Aylwin José, Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el ‘nuevo trato’. Ediciones LOM, 2007.
[7] Recomendamos el libro de los Pu lov y comunidades lavkenche en resistencia, ¡Xipamün pu ülka!. Las usurpación forestal del lavkenmapu y el proceso actual de recuperación, 2017.
[8] Claudio Alvarado Lincopi, “¿Qué pueden temer los winka si los mapuche nos unimos?” Raza, clase y lucha sindical mapuche. Santiago, 1825-1980. Revista CUHSO, volº 27, 2017
[9] Comunidad de Historia Mapuche, Violencias coloniales en Wajmapu. Ediciones CHM, 2015.
