Ante el Terrorismo de Estado… ¡Autodeterminación!

I. Terrorismo de Estado, la continuidad colonial. 

Durante los últimos días estamos presenciando el estreno de una nueva oleada de la política represiva del Estado. Otra más. Las imágenes de allanamientos, huelgas de hambre y presidio político nos acercan al cotidiano de lo que fue la dictadura cívico-militar. Si esta última reprimió a mapuche y chilenos por igual, sería injusto decir que esta vez es toda la sociedad chilena quien la ejerce contra los mapuche. Se trata de una clase en particular que atenta a diario contra los derechos de una Nación. Como hemos dado a conocer en opiniones anteriores[1], el Estado está secuestrado por un grupo con determinada etnicidad que hablando a nombre de la totalidad conciben que somos “sus etnias” originarias. En nuestro cotidiano laboral, estudiantil, vecinal convivimos con una sociedad chilena mucho más comprensiva del derecho a la diferencia, que no es la misma que habla, condena y hacen del tema indígena tan sólo un campo de enunciación sobre violencia, pobreza, seguridad o terrorismo, sobre todo en periodo electoral. Sabemos -y ahí está el negocio político- que no colaborarán en resolver nada, salvo su propia situación para conservar sus privilegios. Como lo han demostrado hasta ahora, solo administrarán el problema.

Lo nuevo del actual despliegue policial quizás sea su amplitud a dos bandas, por una parte se deja caer sobre líderes de movimientos del Gulumapu que no tienen aparente conexión salvo la causa territorial de sus comunidades, y por otra, las acciones que se llevan en Puelmapu, donde el caso de un activista hecho desaparecer por gendarmería se da en un contexto de allanamientos, represión sistemática e invocación de leyes antiterroristas. Entonces, así como en el siglo XIX los Estados coordinaron sus acciones militares en la conquista definitiva de Wallmapu[2], ahora se aprestan a actuar también contra quienes denuncian, activan y ponen en cuestionamiento la expansión del capital extractivista y su cacareado desarrollo que sabemos deja los costos en los territorios, mientras sus utilidades se declaran e invierten en otras regiones y entre otros grupos sociales[3]. En otras palabras, las actuales acciones represivas se deben enmarcar en un tipo de guerra (¿encubierta?) por parte de los poderes fácticos que controlan las estructuras del Estado, una Guerra de Baja Intensidad o, mejor dicho, un Terrorismo de Estado de Baja Intensidad.

Entre lo sórdido de estos actos se apresa a un vocero que -gozando de cierta inmunidad de acuerdo a claves políticas- no debiera ser un objetivo de la acción policial, al permitir aclarar los propósitos o las autorías de las acciones. El “huracán” del que se habla parece tener sus buenos grados de intensidad y como sucede en esos casos, no discriminará en las víctimas. Así como vamos, mañana se restringirán -sino prohibirán- las garantías constitucionales de la población en su conjunto y se conculcarán los derechos humanos de manera masiva.

II. Perspectiva geoestratégica: a topes y picanazos se nos quiere hacer pasar por la “manga”.

Todo acto terrorista persigue un fin político, pareciera que el que propicia el Estado es volver todo a la nada. Hemos sido testigos como cada gobierno, desde la dictadura, impone una agenda al movimiento mapuche y construye a sus interlocutores, nos hablan y muestran las maravillas del emprendimiento, de la individualidad, desterritorializando el problema y volviéndolo tan sólo un tema de oportunidades y de acceso al financiamiento. Esta ilusión se desmarca completamente de los parámetros del derecho internacional indígena y de paso empodera -por medio de comisiones presidenciales- a quienes han sacado ventajas del modelo económico como los llamados gremios (de la madera, el transporte o el latifundio).

Al tomar distancia para observar el fenómeno en perspectiva histórica, pareciera que el acto de reprimir y militarizar invocando estados de excepción no declarados, tienen el propósito de hacernos transitar -por medio de operaciones paciencia y ahora huracanes- por una “manga” al final de la cual parecen estar el consejo de pueblos indígenas, las cuotas en el parlamento y el ministerio indígena, es decir, la manera chilena -de una parte de su etnoclase dirigente- de resolver nuestra inclusión al Estado, pero saltándose in fraganti los derechos que nos asisten y ante los cuales, por lo visto, el Estado no tiene ninguna buena fe para cumplir. Estas ideas de inclusión que activan una faramalla de supuestas consultas, que no se atienen a derecho ni se construyen colaborativamente, seguramente no lograrán materializar sus propósitos en lo que le queda y con seguridad el gobierno que viene tampoco, especialmente si es de derecha, pues lo dilatarán y así hasta unas décadas más (como sucedió con el reconocimiento constitucional anunciado hace 30 años atrás y hasta ahora sin efecto) convirtiéndolos en otros objetos de enunciación sobre el cual rasgarán vestiduras las corrientes políticas chilenas y sus agentes de gobierno, responsabilizándose mutuamente.

Conclusión: más de lo mismo, con el agravante que quieren limitar y poner término a la reivindicación territorial y -dependiendo de quién lo diga- dosificar la participación política o simplemente excluir de la misma a los pueblos indígenas.

III. Caminos que se cierran y otro que se abren: ¿Por qué no un referéndum?

Nos acercamos raudamente a la conmemoración de los 200 años del parlamento de Tapiwe (1825), en el cual el mismo Estado que reconoció potestades y soberanías independientes para ambas naciones y con mecanismos de regulación como los parlamentos, hoy invierte en represión para mantener el orden creado bajo la dictadura y los gobiernos neoliberales, dándoles la seguridad a quienes pueden agotar o hacer desaparecer los recursos -a nombre del progreso- sin importarles la soberanía alimentaria y la población que habita esos territorios. Utilidades para ellos y costos para nosotros.

Así como en Europa (el referente de democracia y orden para los grupos dirigentes chilenos de todas la épocas) los pueblos optan a través de referéndum el estatus político que quieren tener (ahora lo hará Cataluña ante España, y lo volverá a realizar Escocia al salirse Inglaterra de la Comunidad Económica Europea), pensamos que -y como lo sugerimos hace una década- es cada vez más necesario saltarnos los intermediarios que hablan y deciden por nosotros, sin que se nos pueda escuchar, haciendo práctica el ejercicio de autodeterminación, derecho del cual gozamos y que se nos reconoce desde el momento que el Estado no sólo firmó el convenio 169 y la declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, sino también los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 1966, entre otros[4]. Desde aquí apoyamos y alentamos el proceso Rapa Nui que busca ante la Corte Interamericana tener control sobre la isla, el territorio marítimo y sus destinos como pueblo.

En aras de la internacionalización del conflicto que el Estado chileno comienza a propiciar junto a las autoridades argentinas para enfrentar y contener a diversas comunidades, es que en conjunto con todas las expresiones y territorios del pueblo mapuche, fortaleceremos todo esfuerzo por autoconvocarnos y definir una agenda transversal situada en nuestros derechos que potencien el autogobierno y la autodeterminación. Habiendo excepciones, está claro que quienes supuestamente representan y velan por los derechos y garantías del conjunto de la nación no lo hacen, como sí para sí mismos, volviendo la situación ingobernable y trayendo todo tipo de prejuicios sobre el conjunto de los mapuche. Basta ver o escuchar los medios de comunicación o redes para darse cuenta de la ola de racismo colonial al que son expuestos niños, jóvenes y adultos. Existen leyes contra la discriminación racial que no se activan contra quienes vociferan denostando las causas mapuche.

La Corte Interamericana ya falló contra este Estado en 2014 y demostró su culpabilidad en la violación de los derechos humanos de las comunidades y sus autoridades tradicionales al contener y reprimir sus justas luchas sociales[5]. En aras de la internacionalización del conflicto y de la búsqueda de aliados, extendemos nuestro apoyo a todas las formas de solución pacífica de las diferencias como principio de la política internacional, las que evitan caer en el uso de la violencia por los Estados y muy particularmente cuando la aplican en contra de los pueblos que lo integran. La ONU se acaba de pronunciar contra Birmania ante el caso de genocidio y desplazamiento de los Rohinyás, interpelando pública e internacionalmente a una consejera política de ese Estado, nada menos que premio nobel de la paz. Si eso es una vergüenza, también lo sería para quienes están viendo su continuidad política en esas esferas de la diplomacia internacional, como la señora Michelle Bachelet.

Con el ánimo de evitar tutelajes y considerando que en ninguna agenda de los gobiernos están los temas centrales que promueve el derecho indígena firmado y convenido por Chile, es que la construcción del camino queda abierto y no supeditado al dominio de quien controla el Estado, cuyas políticas inclusivas e interculturales que vocifera no se condicen con el tratamiento de enemigo interno que se nos ha impuesto.

¡Juicio justo y libertad a los presos políticos!

Por la vida, la paz, la justicia, el respeto de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Por la autonomía y el derecho a la autodeterminación y al territorio.

¡No a la militarización y al terrorismo de estado!